Editorial : EL NACIONALISMO MARCHA POR SU EXENCION DE LA JUSTICIA

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EL NACIONALISMO MARCHA POR SU EXENCION DE LA JUSTICIA

La manifestación que ayer recorrió las calles de Bilbao para presionar a los jueces que han citado al lehendakari como imputado por sus reuniones con Batasuna demostró de forma obscena la percepción que el nacionalismo tiene del ejercicio del poder y su visión de las relaciones entre la clase política y la ciudadanía.

Según Ibarretxe, la marcha tenía como fin demostrar «el apoyo y la solidaridad a las instituciones del país» y, de hecho, «En defensa de nuestras instituciones» fue el lema de la pancarta que ayer encabezó la manifestación. Dicho eslogan sobrepasa la ironía y entra de lleno en el descaro, ya que, si hay un agredido por la manifestación de ayer, es la institución judicial. Más aún, es la democracia misma, porque los partidos nacionalistas salieron a la calle nada menos que para reclamar que los jueces «no controlen» a los políticos «como si fuesen delincuentes comunes». ¿En virtud de qué demanda el nacionalismo que los gobernantes puedan quebrantar las leyes a las que el ciudadano común se ha de someter?

Por supuesto que se puede cuestionar la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de proceder con la citación de Ibarretxe una vez que el Supremo ya ha dicho que tales reuniones no son punibles si no se hacen con fines delictivos. Sin embargo, lo que no es admisible es presionar a los jueces con marchas callejeras, menos aún en un contexto en el que quienes no se pliegan a los dictados del nacionalismo suelen acabar como centro de una diana.

La institución judicial sufrió ayer el acoso de miles de personas y, por no recibir gestos de «solidaridad», no obtuvo ni los del Gobierno de la Nación.

Desde el momento en que sus relaciones con el partido abertzale han empezado a hacer aguas, Zapatero se ha refugiado en su acercamiento a lo que denominan «el nacionalismo moderado», personalizado en Josu Jon Imaz. Pues bien, este moderado fue uno de los que ayer se plantó a la puerta de los tribunales, demostrando lo mucho que les cuesta a los miembros del PNV aceptar el orden constitucional. Tanto, en el fondo, como a los de ETA, con la única diferencia de que unos lo expresan por la vía legal y otros por la ilegal.

Por eso resulta cada vez más alarmante comprobar el sometimiento voluntario de Zapatero a la fuerza de esta tenaza nacionalista, fundamentada en la misma apelación reaccionaria a unos derechos históricos y tan alejada del constitucionalismo moderno. La terrible deriva del proceso de paz la pone hoy de manifiesto el sacerdote irlandés Alec Reid en nuestras páginas. Éste asegura sin ambages, después de actuar como mediador en el País Vasco, que el atentado de la T-4 se debe a que «el Gobierno no estaba cumpliendo lo pactado» y que lo único que ETA necesita para dejar las armas es «una vía alternativa para conseguir sus pretensiones». La persistencia de Zapatero sólo se explica si éste cree que lo que le importa a la banda es la vía en sí: contar con una mesa o un partido legal. Sin embargo, los hechos demuestran que sólo el logro de sus pretensiones maximalistas -y por ende de las del PNV- serviría para que abandonasen la violencia. La cuestión es cuánto tiempo necesitará Zapatero para darse cuenta y actuar en consencuencia.