Veinticuatro días en prisión por un auto judicial sin precedentes

Veinticuatro días en prisión por unauto judicial sin precedentes
FERNANDO LAZARO
MADRID.- Los policías Antonio Parrilla y Celestino Rivera han dejado atrás 24 negros días para ellos y para muchos. Del Olmo les internó en prisión, en una orden sin precedentes, por revelación de secretos, un delito que incluso como juez de la Audiencia Nacional no es siquiera competente para investigarlo.
Todo empezó cuando EL MUNDO destapó que se estaba investigando una trama criminal, en la que podrían estar implicados policías, que se dedicaba al tráfico de explosivos. Las pesquisas se iniciaron el pasado 15 de agosto tras el hallazgo en Leganés de un paquete con cinco kilos de Goma 2 ECO. A día de hoy, el juez Del Olmo no ha logrado aún averiguar de dónde se robó el explosivo, quién lo hizo y, lo más importante, para qué iba a ser utilizado. Pero el juez ya ha solicitado inhibirse en la causa y remitirla a los juzgados de Leganés, localidad donde fueron localizados los explosivos.
En una segunda entrega, EL MUNDO desveló que esa trama, además, se dedicaba también al tráfico de drogas. Poco después, el juez Del Olmo autorizó la detención de cuatro policías, entre otros. A uno le acusa de tráfico de drogas y explosivos, entre otros delitos, y a otro, sólo de drogas.
El magistrado aprovechó la operación para detener a Celestino Rivera y a Antonio Parrilla. Sólo les acusa de revelación de secretos. Pese a ello, sólo cuando resolvió el recurso de reforma accedió a ponerles una fianza: 150.000 euros a cada uno, tres veces más que lo que este mismo juez impuso al dirigente de KAS Xavier Alegria, acusado de colaborar con ETA, o a Antonio Toro, presuntamente implicado en la trama criminal que facilitó los explosivos a los autores del 11-M.
Unica sospecha
Del Olmo, en sus autos, deja claro que la única sospecha sobre ellos es haber hablado con un periodista de EL MUNDO. De hecho, a uno le acusa de hablar y al otro, únicamente, de estar presente en una presunta reunión de ambos policías con el periodista. Del relato judicial queda claro que no existe conexión alguna entre los dos primeros policías acusados de tráfico de drogas y explosivos con los otros dos.
La dureza no se ha quedado únicamente en el plano judicial. La Dirección General de la Policía ha aplicado a ambos agentes el régimen disciplinario en su máxima dureza, suspendiéndoles de empleo y sueldo. La decisión firmada por el director adjunto de la Policía, Miguel Angel Fernández Chico, contrasta con las actitudes mucho más prudentes adoptadas, por ejemplo, con los funcionarios imputados en el llamado caso bórico -ninguno ha sido expedientado- o los del caso Bono, que siguen cobrando del Estado pese a haber sido condenados en sentencia firme.




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